El Éxito Económico versus la brecha de desigualdad del Sistema Neoliberal: Razón por la cual Chile tiene manifestaciones

En las últimas tres semanas, Chile, país ejemplo en Latinoamérica del Sistema Neoliberal, se ha visto envuelto en diversos sucesos, entre manifestaciones, estados de excepción constitucional, toques de queda, salida de militares a las calles, entre otros, provocados por la ira y el cansancio de un pueblo que ha visto cómo el país “crece”, pero sus economías familiares se ven cada vez más apretadas, debido al aumento del costo de vida, el pago de salud, educación, vivienda, etc.

Reportaje sobre la manifestación más grande de Chile, que reunió a más de 2 millones de personas en todo el país

Para entender el motivo del porqué sucedió esta explosión social, y las marchas que hasta hoy ocurren en Chile, debemos entender la raíz del problema: Un sistema económico que prima los derechos empresariales por sobre los derechos de las personas. ¿Pero dónde nació este sistema?

Era el año 1955, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un estado muerto de guerra no declarada, sin embargo, se batían dos sistemas económicos principales: El sistema comunitario soviético, y el sistema de libertades económicas de Estados Unidos.  Durante ese año, e impulsado por el miedo a la “invasión soviética” en Latinoamérica, envía a cuatro profesores de la Universidad de Chicago a Santiago de Chile, a realizar un trabajo cooperativo en terreno junto a la facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica. ¿La propuesta? Enviar a economistas egresados y estudiantes de post grado a la universidad americana, junto con la creación de un centro de investigación en economía.

¿Cuál era el objetivo? Aprender de profesores como Milton Friedman y Arnold Harberger los principios del pensamiento liberal económico, basado libremente en las ideas de Adam Smith. Friedman postulaba en sus clases que el mercado debía tener la menor intervención posible del estado, y que la sociedad debe actuar desde el individuo, para no tener como freno un estado que pudiese distorsionar el mercado. Cerca de 25 economistas chilenos, apodados los “Chicago Boys”, la mayoría titulados de la Pontificia Universidad Católica, obtuvieron sus post grados en la Universidad de Chicago. Estos economistas desarrollaron un pensamiento que pasaba por una politización universitaria, buscando el surgimiento de una “nueva derecha”, con jóvenes que apoyasen un cambio radical y alternativo a los propuestos por los economistas de las esferas políticas de izquierda.

¿Su postura? Privatizaciones, abrir el mercado a inversiones extranjeras, abrir la economía al “libre comercio y competencia”.

No vamos a repasar lo ocurrido con el golpe de estado, sin embargo se debe entender que una vez instalados en el poder, y con el respaldo de la economía norteamericana detrás, los “Chicago Boys” ocuparon cargos de asesoría económica, y potenciaron los cambios económicos que finalmente terminaron en diversas estrategias de reducción de gastos estatales, control estricto de la gestión presupuestaria, reformas tributarias, reformas laborales, liberalización de controles en varias industrias (especialmente la agricultura), reforma de seguridad social (las tan temidas AFPs de hoy), un nuevo Código del Trabajo, privatización de empresas estratégicas (como las del cobre). Todo esto fue confirmado por la constitución de 1980.

Todos estos cambios económicos efectivamente permitieron que la economía a escala macro, creciera enormemente, potenciada por las inversiones extranjeras y crecimiento de corporaciones y empresas multinacionales. Pero el ciudadano común no veía estos beneficios directamente. Analicemos uno por uno estos puntos, y el porqué del éxito empresarial versus la desigualdad económica.

Uno de los sistemas implementados en 1981, con su gran impulsor José Piñera, hermano del actual presidente de la república, fue el cambio de sistema de pensiones que regía en Chile, que se basada en un sistema de repartos, por un sistema privado de Administradoras de Fondos Previsionales (AFPs). Basado en el sistema de capitalización individual, todos los trabajadores deberían ahorrar una parte de sus sueldos para sostener una pensión al momento de jubilar, en empresas privadas que administrarían sus fondos para hacerlos crecer. El supuesto: estos ahorros generarían capitalización de inversiones, los cuales permitirían que el ahorro creciese de manera continua al ser invertido por las administradoras en diversos instrumentos económicos de capitalización. En papel suena lindo. La realidad fue otra. Como dato adicional: las fuerzas armadas y carabineros no ingresaron a este sistema, el cual fue impuesto a todos los trabajadores en 1982. Este fue sólo el principio de una larga lista de decisiones del ejecutivo que culminan con la revolución social que vemos hoy en día. Seguiremos con este punto más adelante.

Justificación de José Piñera para defender el Sistema de Pensiones por AFP

En el mismo año, se crean las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), empresas privadas que se encargarían de otorgar servicios de financiamiento, beneficios y seguros en salud. ¿La idea? Los trabajadores pagarían un porcentaje (7% de su remuneración imponible) a un seguro de salud, pudiendo optar entre el sistema público (Fondo Nacional de Salud FONASA) o privado (las ISAPRES), y éstos financiarían los gastos de salud de dichos trabajadores. Si bien las ISAPRES sólo concentran aproximadamente el 5% de la población chilena, éstas nunca han mostrado pérdidas, especialmente porque dentro de sus planes, además del 7% obligatorio de cotización, han implementado gastos adicionales para “cubrir” más situaciones de salud, llegando a un sistema de copago para muchas de ellas, en donde el trabajador termina pagando además de las cotizaciones de salud, un porcentaje no menor de su atención. Mientras tanto, el sistema público de FONASA, que concentra el otro 95% de la población chilena, se ve colapsado por falta de inversiones desde el gobierno central. Volveremos a este punto más adelante.

Llega el año 1988, y en plebiscito nacional de Chile el “No” (voto para seguir con la administración militar) gana por un amplio margen. La mayoría de las personas vieron este plebiscito como una oportunidad para realizar grandes reformas. El país efectivamente había crecido económicamente durante la administración militar, pero el pueblo no se vio beneficiado directamente. Con el regreso de la democracia, y el gobierno de Patricio Aylwin iniciado el 89, se vieron esperanzas de mejorar el sistema. Ya existían abusos sistemáticos económicos donde sólo los empresarios fueron beneficiados en la administración de Augusto Pinochet, y esto no se detuvo con el primer gobierno de izquierda en la vuelta a la democracia.

El gobierno de Aylwin hizo poco por cambiar lo que ya venía desde 1980. Flacos esfuerzos, en parte debido al crecimiento económico del país, el cual había sido apodado por el mismo Friedman como “El milagro de Chile”. Incluso ocurrieron escándalos que mancharon de entrada el primer gobierno de izquierda a la vuelta de la democracia, por nombrar algunos: El desastre de CODELCO, empresa nacional en donde un funcionario se llevó un PC de la empresa a casa, y logró realizar una venta “reservada” la cual le costó al fisco más de 218 millones de dólares. El jefe de dicho funcionario en ese entonces era Alejandro Noemí, militante de la Democracia Cristiana (partido del presidente); así como el desastre de las aulas tecnológicas, proyecto que contemplaba modernizar las aulas de diversas escuelas en Chile. Se compraron salas por el equivalente de 17 millones de dólares, las cuales fueron pobremente implementadas o derechamente no implementadas. ¿El ministro de educación responsable por el fiasco? Ricardo Lagos Escobar. Recuerden el nombre, porque es muy importante más adelante.

Posterior al gobierno de Aylwin, vino el gobierno de Eduardo Frei. Este gobierno se caracterizó por profundizar las relaciones internacionales, tratados de libre comercio, rebaja de aranceles aduaneros, muchas de las políticas propuestas anteriormente por los “Chicago Boys” y la escuela de Friedman. Es decir, el segundo gobierno de centro izquierda profundizó aún más la inversión extranjera, el ingreso de divisas, la potenciación de las grandes empresas… Todo lo que en papel habían propuesto los economistas graduados de Chicago. Además, existieron otros escándalos, como el reconocido caso de las “Casas COPEVA” en 1997, en donde una empresa de construcción, la cual era comandada por la familia de los Pérez, quienes estaban en directa relación con el entonces ministro de defensa Edmundo Pérez-Yoma (anoten el nombre, porque no es el único caso en que lo verán), construyó 6.358 viviendas en el sector de Bajos de Mena. Éstas casas, construidas entre el 94 y 95, sufrieron inundaciones diversas debido a las fuertes lluvias que ocurrieron en ese año. La solución propuesta por la empresa fue “cubrir las casas con nylon” lo cual aumentó la ira de las personas viviendo en esos complejos habitacionales. Además del costo al fisco por el proyecto, el cual no está disponible libremente por no contar con una ley de transparencias en ese momento, las reparaciones e indemnizaciones llegaron a costarle al fisco 19 millones de dólares.

Ese mismo año, un empresario hace retumbar el mercado, logrando vender sus acciones de Enersis (empresa encargada de la distribución eléctrica en ese entonces) en un valor muy por sobre el mercado a una empresa española: Endesa. ¿El empresario? Sebastián Piñera Echeñique. Aunque no fue comprobado el uso de información privilegiada, se postula que la venta por el precio fue lograda gracias a especulación de mercado.

Luego, en 1998, el INJUV se vio involucrado en otro escándalo, en donde realizaron pagos por más de 600 millones de pesos (en ese entonces casi 2 millones de dólares) por boletas de asesorías falsas y/o no realizadas. El partido involucrado fue el Partido Socialista.

Pasamos al año 2000, y el primer año del gobierno del Sr. Ricardo Lagos Escobar (el mismo del gobierno de Aylwin). Dentro de los gobiernos de izquierda, este fue el que más avanzó los objetivos neoliberales, al ocurrir diversas privatizaciones en su mandato. Sólo en el año 2000, se impulsó y aprobó lo siguiente: creación de la ley de adquisición de tierras circundadas por aguas (islas), permitiendo que ciudadanos, empresarios y otros compraran islas en territorio chileno, transformándolas en privadas; creación del Comité de Borde Costero, el cual permite la venta (privatización) de las orillas de las playas, que si bien el terreno inmediatamente colindante al agua (playa en sí) no puede ser privada, el acceso a las mismas puede, por lo que empresas privadas pueden cobrar por estacionar frente a las playas; creación del programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, creando el negocio de las cárceles privadas (negocio que ya ha demostrado sus falencias  en el sistema norteamericano, encarcelando personas por más del tiempo que deberían haber estado, y aumentando las penas para obtener más remuneraciones del estado). Durante este primer año, aparece la primera marcha social, convocada por los estudiantes, debido a la situación del transporte escolar. El pase escolar durante esos años pasó de manos del Ministerio de Educación, al Ministerio de Transporte, y luego de vuelta al Ministerio de educación, y en todos esos traspasos, el costo de dicho pase aumentó considerablemente, provocando las primeras marchas estudiantiles desde la vuelta a la democracia. El evento fue conocido como “El Mochilazo”.

Ya para el año 2001, el oficialismo impulsa un programa de modernización del sistema de transporte público, el cual unificaría el fragmentado sistema de empresas de transportes. Esto haría que tanto el metro, el tren subterráneo de la capital, y las líneas de buses operadas por empresas privadas tendrían un costo unificado. Este plan sería el llamado Transantiago, el cual significó millonarios costos al fisco al mantener a empresas privadas para operar los trayectos. Este proyecto sería implementado por otro gobierno de izquierda, el de Michelle Bachelet, pero ya llegaremos a eso. Hacia el año 2002, empiezan los primeros fiascos de las empresas de inversión, una de ellas fue el caso Inverlink, en donde Álvaro García Hurtado, del Partido por la Democracia (partido del presidente Lagos), presidente de la aseguradora Le Mans, estuvo involucrado en un fraude al Bando de Chile y a los créditos CORFO.

El 2003, se supo de uno de los mayores casos de corrupción y tráfico de influencias hasta el momento, el caso Coimas del año 2000, y su seguimiento el caso MOP-GATE, en donde más de 200 millones de dólares fueron desviados de las arcas fiscales. En el caso coimas, a través de la interacción entre Patricio Tombolini (entonces el Subsecretario de transporte y militante del Partido Radical Social Demócrata, miembro de la concertación), el empresario Carlos Filippi, el diputado y ex Ministro de la Secretaría General de Gobierno Victor Manuel Rebolledo (durante el mandato de Frei), Eric Leyton, ex jefe de finanzas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Alejandro Chaparro, jefe de gabinete del ex Ministro de Transporte y Obras Públicas (MOP) Carlos Cruz (Partido Socialista), se donde se comprobó una coima para aprobar la operación de una Planta de Revisión Técnica en Rancagua. Esto abrió pie para una investigación completa en donde varios diputados, militantes de partidos de la concertación, el sucesor de Tombolini, Guillermo Díaz Silva (de la Democracia Cristiana), quien también fue procesado por fraude al fisco en las investigaciones adicionales de este mismo caso. En el caso MOP-GATE, se pagaron sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos nunca realizados, y la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima (GATE S.A.) que recibía pagos por concesiones de autopistas y sus proyecciones desde el 97.

Ese mismo año, se privatizó la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), actual aguas andinas, con lo cual se concretó la privatización de 80% de las aguas nacionales, de los cuales 60% están en manos de aguas andinas.

Además, se creó el Crédito con Aval del Estado, el cual otorga préstamos estudiantiles para los universitarios que no podían pagar una carrera. Esto hizo que los precios de las profesiones aumentaran, empeñando el futuro de muchos estudiantes con intereses muy altos para el pago de dicho préstamo.

Como dato adicional, en el 2003 se aprueba la ley 19.884 la cual permite que los aportes de privados a las candidaturas políticas sean de carácter “reservado”, enmascarando qué empresa donó a qué candidato. La falta de transparencia en estas “donaciones” va a permitir en los años venideros que se evadan muchos millones de dólares en “aportes políticos”.

Hacia el 2004, se inicia la privatización de las carreteras y rutas de chile, permitiendo que empresas privadas mejoren, mantengan y cobren por el uso de carreteras claves en el país. Hasta este año, esto era realizado por el estado, a través de la recaudación del impuesto específico de la gasolina, el cual hace que el precio de un litro de gasolina tenga un sobreprecio de aproximadamente 43%. Con la concesión de las carreteras, el impuesto pierde razón de existir, pero hasta el 2019 no ha sido eliminado.

En el 2005 se conocen casos involucrando sobrefacturaciones e irregularidades en proyectos de Chiledeportes, los cuales permitieron que más de 700 mil dólares fueran desviados a altos cargos de la institución.

Durante el gobierno de Lagos, se aprueban 12 hidroeléctricas, y 14 termoeléctricas. Hacia principios del 2006 y últimos meses del mandato, sale otro caso: Publicam, en donde Guido Girardi, parlamentario del PPD presenta boletas de la empresa fantasma Publicam, por más de 55 millones de pesos (unos 120 mil dólares). El asesor político de Girardi acepta la culpa del caso, blindando al parlamentario. Para colmar la guinda de la torta, en el mismo año, Sebastián Piñera vuelve a hacer ruido al comprar acciones de LAN Chile muy por debajo del precio mercado, supuestamente con uso de información privilegiada.

Luego en el 2006 asume Michelle Bachelet Jeria, militante del partido Socialista. Durante su mandato, revienta un caso que involucra tanto a parlamentarios de izquierda como de derecha, el caso Penta. El caso estuvo marcado por una gran evasión de pagos al fisco, llegando a más de 10 millones de dólares por “aportes a campañas” entre los años de 2009 y 2013.

El primer año de su gobierno fue marcado por la “gran revolución pingüina” en donde los estudiantes se tomaron las calles para exigir derecho a una educación gratuita y de calidad. Con el precedente del año 2000 y “El Mochilazo” los estudiantes empezaron a ver que sus marchas tenían efecto en modificaciones en las leyes, si bien dichas modificaciones nunca fueron un cambio revolucionario del sistema que regía la educación en Chile.

Además, en el 2013, la empresa brasileña Odebretch, ligada al caso Lava-Jato en Brasil (el cual culminó con la prisión de tres ex presidentes de izquierda: Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer) donó cerca de cien mil dólares a la campaña por el segundo mandato de Michelle Bachelet. La empresa también confesó haber donado dineros a varias campañas de los presidentes latinoamericanos, involucrando a Alan Garcia en Perú, Cristina Fernandez de Kirchner en Argentina, entre otros.

Sebastian Piñera, justificando compra de empresa con pérdidas en fisco

Llega el año 2010, y gracias a una campaña fuerte de “Así queremos Chile” prometiendo avances económicos, asume el presidente electo Sebastián Piñera en un primer mandato. Fue un mandato blando, sin muchos avances en lo social, algo que todo el pueblo pedía a gritos, debido a que los primeros trabajadores que estaban 100% en el sistema de AFPs se estaban jubilando con montos paupérrimos (menos de un sueldo mínimo). El gobierno en ámbitos de corrupción fue marcado por las consecuencias de casos anteriores (aún en desarrollo, como el Penta) y preparación de casos futuros que reventarían en el segundo mandato de Michelle Bachelet, quien asume el 2014.

Las promesas de mejoras generalizadas no llegaron. Es más, el segundo gobierno de Michelle Bachelet se vio caracterizado por más casos de corrupción, como el caso Caval, en donde Sebastián Davalos, hijo de la Presidenta, junto a su esposa Natalia Compagnon, estuvieron involucrados en un caso de financiamiento del Banco de Chile de unos 10 millones de dólares para compra de terrenos, financiamiento que fue autorizado el día 13 de diciembre del 2013, un día después de la victoria de Michelle Bachelet. Ese préstamo fue utilizado para comprar terrenos en la comuna de Machalí, que hasta ese momento estaban designados como “terrenos de cultivo” para venderlos posteriormente para desarrollo inmobiliario, debido a que la municipalidad cambiaría la denominación “de cultivo” a “urbano”. Se postuló que la recientemente elegida presidenta había utilizado su cargo como peso de influencia para conseguir una reunión entre Natalia y Sebastian con Andrónico Luksic, en donde se aprobó el crédito de manera “express”. Como arista de este caso, se descubrió que existió uso de información privilegiada, debido a que se especuló que los terrenos se transformarían desde su denominación “de cultivo” a “urbanizado”, permitiendo que su valor alcance el doble del original, como mínimo. Esta información privilegiada permitió la venta de los terrenos en 15 millones de dólares, generando una ganancia de 5 millones para la empresa a repartirse entre Compagnon y su único socio, Marcelo Valero. El caso, revelado en el 2015, no sólo ligó el tráfico de influencias, sino también cómo hay manipulación de información privilegiada, debido a que se vinculó la especulación del cambio de denominación de los terrenos a funcionarios de la municipalidad. Para empeorar el caso, cuando se le consultó a la Presidenta sobre el caso, ella no encontró mejor respuesta que “Me enteré por la prensa”.

Dávalos, en un movimiento que suma un insulto a la ofensa, ganó un litigio por la inscripción de la polémica frase en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) para realizar merchandising y otros usos publicitarios el pasado 29 de Junio de este año.

Tan sólo unos meses después, se descubre el caso que vendría a ser llamado “Milicogate”, en donde dineros que eran destinados a defensa por la ley reservada del cobre, ley promulgada en 1958 para financiar a las fuerzas armadas, fueron gastados de manera inapropiada en gastos falsos o sin relación con la actividad militar. Millones de dólares fueron desfalcados en vacaciones pagadas, fiestas, etc.

Debido a los casos descubiertos, el gobierno de Bachelet terminó con una aprobación de un 28%.

Luego viene el segundo gobierno de Piñera, ya con diversos problemas, con casos de fondos malversados, con un hijo que recibió casi 400 mil dólares por una asesoría de cambio de nombre del Transantiago a “Red”, muy por sobre el pago de rebranding corporativo de cualquier otra empresa que se abate por las reglas que se aplican a todos los chilenos. Y cuando el presidente anuncia el alza del metro en 30 pesos, eso fue la gota que rebasó el vaso.

Entonces, analizando todos estos puntos anteriores, y retomando los puntos de salud y previsión, los chilenos han aguantado abusos desde la constitución del 1980, la cual benefició enormemente a los empresarios. Ahora esto no habría sido problema, si hubiesen seguido las directrices del modelo de Adam Smith al pie de la letra. Lo que pasó aquí, es que la clase política, viendo que existían posibilidades de aumentar sus ingresos, empezaron a proclamar leyes que beneficiaron a ellos mismos y sus empresas. Casos de tráfico de influencias en donde se sabía las propuestas de licitación antes que el gobierno las promulgara, permitiendo que sólo las empresas de sus amigos y conocidos pudieran ganar dichas licitaciones. Evasiones fiscales y “perdonazos” como el de Hites y sus 97 millones de dólares de condonación. Mientras que el chileno promedio paga, paga, paga. Paga por andar en vehículo. Paga por su sueldo. Paga por su casa. Paga de más por la gasolina que consume. Paga por la salud. Paga por la educación, que (como bonus track) el mismo presidente actual, en su primer mandato, mencionó que era “un bien de consumo” y no “un derecho fundamental”. Paga por un transporte que, si bien es decente (en comparación a otros transportes de latinoamérica) está muy por sobre la capacidad de pago de un sueldo mínimo (se gasta en chile cerca del 15% del sueldo mínimo en ir y volver al trabajo, mientras que en países del cono sur, como Paraguay, se gasta sólo el 6% del sueldo mínimo, en argentina un 8%, o en Brasil, que las empresas entregan “fichas de transporte” adicionales al sueldo mínimo y que no entran en el gasto mensual). Paga en demasía por la comida (que asciende al 52% del sueldo mínimo por la canasta básica) Paga en exceso por su techo (los arriendos ascienden entre el 60% a 100% del sueldo mínimo para un espacio individualizado ya sea casa o departamento, o un mínimo de 26% por un espacio compartido, o sea una pensión o una habitación. Consideremos el 7% de descuento por salud. El 10% o 12,5% por la AFP y no hay que ser un genio para calcular que el sueldo mínimo NO alcanza. Con una suma básica de los mínimos posibles, obtenemos un 110% viviendo en situación de precariedad máxima (comida básica, transporte básico, habitación en pensión, descuentos por AFP y salud). Es decir, los chilenos (y extranjeros) que reciben un sueldo mínimo se endeudan para sobrevivir.

Entonces, no son los “30 pesos” del metro. Son años, tras años, tras años de abusos, de robos, de posicionamiento de la clase “acomodada” política, que tiene sueldos que son 33 veces mayores que el mínimo, y ese sueldo ES LIBRE debido a que reciben otras 20 veces el sueldo mínimo en asignaciones estatales de “operaciones inherentes a su función”. Que, a pesar de encontrarse en casos de corrupción plena, no reciben los castigos judiciales que reciben todos los demás habitantes de chile. Que el hijo de un senador puede asesinar a alguien manejando en estado de ebriedad, y cuando hacen una ley para castigar a los conductores ebrios, el hijo se va de “gira estudiantil indefinida” a otro país, y el padre se retira de la comisión que, en otra circunstancia, condenaría su hijo por homicidio culposo. Que cuando se descubren casos de corrupción en donde, a vista de todos, se usan influencias para obtener beneficios, el responsable no sea enjuiciado. Que las personas que implementan las leyes puedan ser compradas por aportes políticos privados, debiendo pagar favores políticos posteriormente. Que los propios parlamentarios que juraron defender al pueblo en revoluciones estudiantiles anteriores terminaron por aumentar su riqueza personal en al menos 5 veces desde que asumieron su cargo. Que existan aún políticos que justifiquen la fuerza desmedida en contra de civiles desarmados.

No son “30 pesos” o como lo dicen alrededor del mundo “4 centavos de dólar”. Son los más de 30 años de abusos de quienes juraron ser servidores del pueblo. Quienes, cuando asumen el cargo, deberían hacer un juramento parecido al “juramento hipocrático” de los doctores, de “no hacer el mal”. Es una lucha en contra de las injusticias legales en contra de la población general.

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